Funcionarios: ¿acuerdo histórico a la vista para jornada de 35 horas?
Un 24 de marzo que podría redefinir el panorama laboral público en España. Tras meses de parálisis, la negociación del IV Convenio Único de la Administración General del Estado se encuentra en una fase decisiva, con la expectativa de desbloquear la ansiada reducción de jornada a 35 horas y la implementación de jubilaciones parciales, temas que han generado un profundo malestar entre los empleados públicos.
La clave: incluir a los olvidados
UGT y CSIF, los sindicatos más representativos, llevan tiempo presionando para que la nueva normativa no deje fuera a colectivos esenciales como funcionarios de prisiones, docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla. Este es, de hecho, el escollo principal que ha impedido la ejecución del acuerdo pactado en 2022 con CCOO y UGT. La resistencia de Comisiones Obreras ha mantenido la situación en un limbo, generando frustración en miles de trabajadores.
Pero hay un detalle que complica aún más el panorama: la reciente reforma de la jubilación, que entró en vigor en abril de 2025, eliminó el derecho a la jubilación parcial para muchos empleados. Esto ha provocado un aluvión de solicitudes bloqueadas, a la espera de una solución viable, como la contratación de personal de relevo para cubrir las plazas.
El Tribunal Supremo ha respaldado a los funcionarios en un punto crucial: el desempeño de funciones superiores en el trabajo consolida la carrera profesional y el nivel salarial. Esta sentencia, que ha reforzado la posición de los sindicatos, podría allanar el camino para un acuerdo más favorable.
Se espera que el viernes 26 de marzo, tras la reunión de este lunes, entre en vigor un Real Decreto Ley que formalice las medidas. El documento establecerá no solo la jornada de 35 horas, sino también la posibilidad de contratar personal temporal para cubrir las ausencias, quienes posteriormente pasarían a ocupar puestos fijos a través de la próxima oferta de empleo público, según CSIF.
Novedades en la negociación: flexibilidad y ampliación
La propuesta de CSIF, ahora en manos del ministro de Función Pública tras la reunión del 11 de diciembre de 2025, introduce importantes novedades. La eliminación de los periodos de carencia, la posibilidad de acumular la reducción en un solo tramo y el incremento del recorte de jornada hasta el 75% son solo algunos de los puntos que podrían integrarse en el acuerdo. Además, se plantea la posibilidad de aplicar esta modalidad hasta tres años antes de la edad de jubilación ordinaria, brindando a los funcionarios una mayor flexibilidad para planificar su futuro.
El Gobierno, en su propuesta inicial, intentó excluir a ciertos grupos, como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los trabajadores de instituciones penitenciarias, así como a los profesionales sanitarios y educativos. Sin embargo, la férrea oposición de los sindicatos ha obligado a replantear esta estrategia, convirtiendo estos colectivos en el centro de la negociación.
La cifra habla por sí sola: miles de funcionarios siguen a la espera de una solución que les permita conciliar mejor su vida laboral y personal. Si el acuerdo se materializa, marcará un hito en la historia de la administración pública española, sentando las bases para una nueva era de derechos laborales y bienestar para los empleados públicos.