Funcionarios: acuerdo histórico a punto de desbloquear jornada de 35 horas
La administración pública española podría estar a punto de dar un giro radical. Tras meses de parálisis y tensiones, el acuerdo para reducir la jornada laboral a 35 horas y flexibilizar las jubilaciones parciales se vislumbra a escasos días de materializarse, con la expectativa de que un Real Decreto Ley entre en vigor el próximo viernes 26 de marzo.
Negociaciones cruciales: el punto muerto de los colectivos excluidos
El encuentro del lunes entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF ha reavivado la esperanza de miles de empleados públicos. El pacto, que se remonta a 2022, quedó atascado por la resistencia de Comisiones Obreras, especialmente en lo que respecta a la inclusión de funcionarios de prisiones, docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla. La insistencia de estos colectivos en formar parte de la reducción de jornada ha sido el principal escollo, pero las últimas negociaciones sugieren un avance significativo en este frente. Desde CSIF, se confía en que Función Pública firme un acuerdo incorporando sus demandas, eliminando periodos de carencia, permitiendo la acumulación de la reducción en un solo tramo e incluso incrementando el recorte de jornada hasta el 75%, con la posibilidad de aplicarla hasta tres años antes de la jubilación ordinaria.
Pero hay un detalle que complica la ecuación: la reciente reforma de la jubilación, que entró en vigor en abril de 2025, dejó a muchos empleados públicos sin el derecho a la jubilación parcial que disfrutaban anteriormente. Ahora, la clave reside en encontrar una fórmula que permita la contratación de relevistas, asegurando la continuidad del servicio público y desbloqueando la situación de quienes ven paralizadas sus solicitudes.
La batalla por la flexibilidad: ¿quién queda fuera de la jornada reducida?
La propuesta inicial del Gobierno generó polémica al contemplar la exclusión de ciertos grupos, como el personal de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los trabajadores de instituciones penitenciarias, así como profesionales sanitarios y educativos. Los sindicatos han combatido frontalmente esta idea, argumentando que la flexibilidad en la jornada laboral debe ser una norma general, sin excepciones basadas en criterios arbitrarios. La postura de CSIF, expresada al ministro de Función Pública en diciembre de 2025, ha sido determinante en este punto.
La resolución del Tribunal Supremo, que reconoce que la realización de funciones superiores en el trabajo consolida la carrera profesional y el nivel, también ha añadido un elemento de complejidad a la negociación. La jurisprudencia respalda la reivindicación de los funcionarios, pero su aplicación práctica sigue siendo un desafío.
El Real Decreto Ley que se espera aprobar el viernes 26 marcará un punto de inflexión en la gestión de la función pública, estableciendo la jornada de 35 horas y permitiendo la contratación temporal de relevistas, quienes posteriormente podrán ser incorporados a la administración a través de futuras ofertas de empleo público. Con la firma de este decreto, se cerrará un capítulo de incertidumbre y se abrirá una nueva etapa en la vida laboral de los funcionarios españoles.