Jornada de 35 horas: el gobierno se abre a la jubilación parcial
La promesa de una jornada laboral de 35 horas en España parece, por fin, materializarse. Tras largas negociaciones en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE), se ha alcanzado un punto de inflexión que, aunque sin un acuerdo global, define un camino claro hacia su implementación. Fuentes sindicales consultadas por Business Insider España confirman que la administración se compromete a presentar un texto que, según afirman, “no dejará a nadie fuera”.
Un texto clave para mediados de abril
La fecha clave está marcada: viernes. Ese día se espera la presentación del texto definitivo que permitirá que la jornada reducida se convierta en realidad para mediados de abril, apenas quince días después de su publicación oficial. Pero la complejidad reside en que, si bien el anhelo general es unificado, ciertos sectores, como Instituciones Penitenciarias, el personal del Ingesa o el profesorado, deberán negociar sus condiciones específicas en mesas separadas. El objetivo, ambicioso, es extender la medida a la AGE en su totalidad: organismos públicos, agencias y entidades de derecho público. Una tarea titánica, especialmente cuando hablamos de Instituciones Penitenciarias, donde la seguridad y el mantenimiento de los servicios son prioritarios.
Pero no todo es reducción horaria. La administración, consciente de la presión, se abre a la contratación de interinos para facilitar la jubilación parcial de los funcionarios. La cifra que se maneja es superior a 1.000 solicitudes pendientes, un reflejo de la creciente demanda de esta vía de jubilación.
Prisiones e ingesa: negociación a la carta
La implementación de las 35 horas no se limitará a la jornada ordinaria. La administración contempla su adaptación a regímenes especiales, como la jornada de verano o las de 40 horas actuales, aplicando la reducción de forma proporcional. Este enfoque flexible busca abarcar una mayor cantidad de modelos organizativos dentro de la Administración.
La verdadera batalla, sin embargo, se libra en Instituciones Penitenciarias. Su peso en la plantilla y las exigencias de seguridad hacen de este sector el más crítico en la negociación, donde preservar guardias, turnos y coberturas mínimas es primordial para garantizar la operatividad del servicio público.
La jubilación parcial, un respiro para los funcionarios
Mientras la reducción de jornada avanza, la Oferta de Empleo Público 2026 permanece en pausa, bloqueada por el rechazo sindical a la propuesta actual. Paralelamente, un Real Decreto busca mejorar el acceso al empleo público para personas con discapacidad, y se prevé la aprobación de la jubilación parcial anticipada para el personal laboral en el Convenio Único de la AGE. Un derecho largamente postergado por Función Pública y Seguridad Social.
La reforma de 2025 había frenado la jubilación parcial anticipada de los funcionarios que cumplían los requisitos. La solución del Gobierno, ahora, pasa por esa puerta: la contratación temporal como vía para desbloquear este derecho y dar una respuesta a miles de trabajadores que aguardan una solución. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aseguran que seguirán presionando para que esta medida se extienda a todo el sector público, incluyendo a funcionarios y estatutarios, ampliando así su alcance.
La administración ha dado un paso adelante. Pero la implementación plena de la jornada de 35 horas requerirá una negociación constante y la capacidad de ceder en puntos clave. El desafío, sin duda, es enorme, pero la expectativa de una mejora en la calidad de vida laboral de los empleados públicos es un motor poderoso.