España inyecta 17.9 millones para despejar la brecha 5g en zonas rurales
El Gobierno ha lanzado un nuevo programa de subvenciones que busca, con 17.9 millones de euros, conectar a las últimas comunidades rurales de España con la red 5G de nueva generación. Una medida que, lejos de ser una solución mágica, revela la persistente desigualdad en el despliegue tecnológico a nivel nacional.
Un desafío persistente: la lucha por la conectividad
Aunque el 99% de la población española ya disfruta de cobertura 5G – una cifra que se dispara al 96% en lo que respecta a las zonas rurales – la realidad es que millones de habitantes aún se ven relegados a redes 2G y 3G, con velocidades de datos lamentables y una experiencia online prácticamente inexistente. El despliegue, impulsado principalmente por operadores privados como Movistar, MasOrange y Vodafone, se ve frenado por la rentabilidad en áreas de baja densidad de población.
Esta nueva iniciativa, denominada ‘5G Redes muy rurales’, pretende paliar ese problema, financiando el despliegue de redes nativas (5G SA) y, en algunos casos, redes no nativas (5G NSA) en municipios seleccionados. El programa, dotado de fondos europeos FEDER y estatales, se centra en la implementación de estas redes en aquellas zonas donde no se prevé un despliegue avanzado en los próximos tres años – un nicho de mercado que, paradójicamente, se ha convertido en el foco de atención.
La convocatoria, que cierra el 10 de septiembre, está abierta a administraciones locales como Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, integrándose en una estrategia que ya ha movilizado 1.453 millones de euros desde 2021 para mejorar la conectividad en el territorio. Pero, ¿realmente estamos hablando de una solución integral? La realidad es que, incluso con una cobertura 5G del 99%, la experiencia del usuario sigue condicionada por factores como la distancia a las antenas, la saturación de la red y la tecnología subyacente. El 5G NSA, con su dependencia del 4G, limita el potencial de la velocidad y la capacidad.
La consulta pública previa, que recibió 96 propuestas de municipios de 25 provincias, ha identificado las zonas elegibles. Los emplazamientos de las antenas están definidos, aunque sujetos a posibles modificaciones. No obstante, la inversión de 17.9 millones de euros, lejos de ser un salvavidas, representa un pequeño parche en un problema estructural. El desafío reside en garantizar una conectividad real y accesible para todos, independientemente de su ubicación geográfica.
En última instancia, la pregunta no es si el Gobierno está invirtiendo en 5G, sino si esa inversión se traduce en una mejora tangible en la vida de las personas que viven en las zonas más remotas de España.